El Grupo de Ornitología Balear y la plataforma Salvem Sa Ràpita del grupo de la oposición del Govern Balear consiguen frenar, por medios legales, la construcción de un complejo turístico de lujo en el sureste de la isla.
MARTA PITA ANDRADE
El crecimiento
urbanístico ocasionado por el desarrollo del turismo ha sido un tema
controvertido en el archipiélago balear desde los años ochenta. La legislación
en materia de ordenación territorial ha estado en constante cambio, a favor de
los intereses del gobierno autonómico legislatura tras legislatura.
El presente caso
es el desarrollo de una campaña de movilización llevada a cabo por diferentes
grupos de presión, con el fin de frenar un proyecto de construcción de un
macrohotel de lujo en un terreno del municipio mallorquín de Campos. Éste, con
una estimación aproximada de 1.200 plazas, iba a contar también con unas
grandes instalaciones deportivas con piscinas, pistas de tenis, pádel, un
polideportivo e incluso un campo de golf.
Fuente: Diario Última Hora |
Antecedentes
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Existía
la petición de construir un hotel de ese estilo en los terrenos edificables de
Son Durí, una finca colindante con un espacio natural de gran valor y especial
interés turístico y local (Es Trenc y Sa Ràpita). El espacio era propiedad de
la empresa promotora, Mirador d’es Trenc, SL. i Cases de Sa Ràpita, SL.
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En
el año 2000 se aprueba la Ley de Ordenación Territorial, con los posteriores
Planes Territoriales para cada isla, en el que se especifican los espacios de
suelo rústico, las áreas de interés histórico o artístico y la ordenación de
equipamientos.
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En
2005 se aprueba el Plan Territorial de la isla de Mallorca, bajo el gobierno
del partido ya extinto Unió Mallorquina (UM). La presidenta de entonces era
Maria Antònia Munar, actualmente en prisión condenada por delitos de
malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad de documentos oficiales en el ejercicio de su cargo.
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En
2010 y 2011 se modifica dicho Plan, esta vez bajo el gobierno de Francina Armengol (PSIB-PSOE). En la segunda modificación se incluía una disposición por
la cual se prohibía la construcción para usos residenciales pero se permitía
para construcciones de tipo turístico para hoteles de alta categoría, con un límite máximo de 2.100
plazas. Sin embargo, el crecimiento urbanístico permitido para el municipio en
cuestión era de dos hectáreas, según especificaba esa misma disposición.
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Tras
las elecciones de 2011 se produce un cambio en el gobierno insular para el
Partido Popular, que deja a Maria Salom como nueva presidenta del Consell.
Tras ello, el Plan Territorial vuelve a modificarse en 2012, cambiando las dos
hectáreas de crecimiento permitido por veintiuna, alegando un error de la
anterior aprobación.
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Además,
el Govern aprobó en consejo de gobierno, presidido por el popular José Ramón Bauzá, la “declaración de interés autonómico del proyecto”.
Grupos de presión
Tanto la
modificación en el Plan Territorial como la declaración por parte del
presidente del Govern tuvieron una mala recepción por parte de los grupos de la
oposición, especialmente el PSM (PSOE). El Partido Socialista de Mallorca formó
una alianza de oposición junto con el partido verde IV (Iniciativa Verds) y
Entesa (ExM). Esta alianza fue madre de la plataforma Salvem Sa Ràpita, que
nació para llevar a cabo una campaña en contra de la construcción del complejo.
Otros brazos ejecutores de la campaña fueron el Grupo Balear de Ornitología y defensa de la Naturaleza (GOB) y la asociación ecologista Amics de la Terra. Juntos llevaron a cabo un proyecto de denuncia con el fin de paralizar el proyecto que tuvo una trascendencia mediática y social importante, no sólo a nivel local sino que el alcance llegó también a los medios nacionales.
A pesar de que el objetivo principal de esta estrategia de lobby era paralizar el proyecto y evitar la construcción del complejo, la coalición de izquierdas sí tenía un objetivo secundario: desprestigiar a la fuerza del gobierno (PP) ante la opinión pública y ganar notoriedad y reputación de cara al panorama político.
Actores
Los principales
públicos de esta estrategia de lobby eran los siguientes:
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En
primer lugar, los poderes políticos, en especial el partido del gobierno de
entonces (PP). Por supuesto, el gobierno insular de la isla de Mallorca y el
ayuntamiento del municipio de Campos, responsable de las licencias de
urbanización y edificación. Además, las acciones iban también dirigidas al
resto de integrantes del ejecutivo autonómico e indirectamente a las sedes
nacionales de los partidos, dado que un tema tan controvertido podría ser de
trascendencia posterior a nivel nacional.
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Los
ciudadanos como protagonistas de la historia, ya que a pesar del argumento de
la creación de empleo iban a ser los principales afectados por la realización
de este proyecto, viendo destruida parte de la naturaleza virgen de la isla y
siendo “engañados”, según los responsables de la campaña, por los gobernantes
populares.
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Por
supuesto, los medios de comunicación y las redes sociales resultaron imprescindibles
a la hora de dar visibilidad a la campaña, para atraer a más interesados,
movilizar la opinión pública y ejercer presión a los poderes públicos.
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Por
último, las organizaciones no gubernamentales que pudieran estar interesadas en
la causa, para recibir apoyo de las mismas. Entre ellas podrían considerarse
las que abogan por la defensa del medio ambiente, ecologistas, e incluso en
contra de otras políticas llevadas a cabo por el gobierno (educación, sanidad o
similares).
Acciones de lobby
La
campaña Salvem Sa Ràpita (en castellano Salvemos Sa Ràpita) tenía como mensaje
principal la preservación del territorio virgen de la zona, no sólo por la
protección del medio ambiente sino porque éste está considerado como un
elemento diferenciador respecto de otros destinos turísticos.
Para
ello llevaron a cabo diferentes acciones de comunicación, de lobby e incluso
legales:
- La primera acción de la campaña tuvo
lugar el 29 de abril, cuando se organizó una cadena humana de cuatro kilómetros
y aproximadamente 8.000 personas a lo largo del arenal de Sa Rápita, ocupando
tres playas contiguas colindantes al terreno donde se pretendía construir el
macrohotel.
Fuente: Diario Última Hora |
- Tras ello, los primeros pasos para la
concienciación fueron en la línea de la documentación. Para ello, se llevó a
cabo la elaboración de un informe
por parte del GOB y la plataforma, en el que se detallaban todos los datos del
proyecto y la campaña (bases legales, fundamentación de la iniciativa e
información para colaborar, entre otras).
Dicho informe especificaba los argumentos
en contra de la construcción del complejo, que se centraban en la protección de
las especies vegetales del entorno, la especie autóctona de tortuga marina y la
belleza y riqueza paisajísticas de la región.
- El 6 de junio se hizo oficial la acción legal tras la puesta en marcha de un recurso contencioso-administrativo por parte de la coalición
PSM-IV-ExM para demostrar la ilegalidad del acuerdo del Consell.
- Se procedió a la recogida de firmas a
favor de la campaña para la paralización del proyecto. El número final obtenido
ascendía a 16.489.
- Además de la página web oficial, se
crearon perfiles en las diferentes redes sociales de interés, como en Salvem Sa Ràpita Facebook. En Twitter
se lanzó en hashtag #salvemsarapita impulsado
por las cuentas del GOB y de los
principales líderes políticos de la coalición.
- En el mes de septiembre se organizó el
Festival Salvem Sa Ràpita en Palma. Contando con la colaboración de diversos
artistas mallorquines, se presentó un vídeo de campaña con una canción en la
lengua autóctona bajo el lema “Aixeca ses mans, reclama el que és teu” (Levanta
las manos, reclama lo que es tuyo) para alentar a la ciudadanía.
Resultados
de la campaña
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En
julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares fallaba a favor de
la oposición, anulando el acuerdo del Consell de Mallorca para rectificar el
“error numérico” del Plan Territorial y aumentar de 2 a 21 las hectáreas urbanizables
de los terrenos de Son Durí de Sa Ràpita. Sin embargo, el Consell decidió
plantear un recurso ante el Tribunal Supremo.
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Dos
años más tarde, el pasado julio de 2015, el Tribunal Supremo confirmaba la protección
de la zona desestimando la construcción del hotel, esta vez con sentencia firme
y condenando a la administración insular a hacerse cargo de las costas procesales
que ascendieron a 6.300 euros.
- La
coalición (PSM-IV-ExM), promotora de Salvem Sa Ràpita, acabó constituyéndose
oficialmente en 2013 como Més per Mallorca (MÉS). La formación fue reconocida
por sus dirigentes como de izquierda, soberanista y ecologista, y llegó a
posicionarse como la tercera fuerza política de Baleares en el año 2013.