lunes, 31 de diciembre de 2012

Los empresarios y su papel en el debate catalán



PABLO VEGA

En 2012, uno de los temas más discutidos y con más repercusión popular en España ha sido, sin duda, el futuro de Cataluña como parte del Estado español.
Los empresarios catalanes juegan, en este punto, un papel especialmente destacado. Son quienes determinarán el éxito o fracaso de la operación política que ha emprendido Artur Mas y sus ahora aliados de ERC. El ‘punto caliente’ del debate se centra en si a Cataluña le beneficiaría económicamente o no su independencia del resto de España, es decir, si saldría ganando o perdiendo. La postura empresarial es la que marca la diferencia: son los responsables directos del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Organizaciones y posicionamientos

Los principales directivos de las grandes corporaciones catalanes conforman varias organizaciones con visibilidad pública suficiente como para que su opinión sea escuchada, tanto por los políticos como el conjunto de la sociedad civil.

El Círculo de Economía es, seguramente, el lobby empresarial catalán más potente. Es el lugar de encuentro entre dirigentes políticos y empresarios, donde son escuchados discursos políticos de todo tipo (suelen llevar dirigentes invitados de los principales partidos). Antes del estallido soberanista del 11-S, día de la Diada, el Círculo ya había fijado su postura ante el ‘pacto fiscal’ que pretendía lograr Mas para Cataluña. El Círculo emitió un documento, tras un mes de debate entre sus miembros, que rechazaba los fundamentos de la propuesta: el concierto económico que había esbozado el Gobierno de CiU, así como la bilateralidad o tener la llave de la caja.

Este órgano está presidido por el dirigente de Vueling (y ex ministro de Aznar), Josep Piqué, además de otros empresarios y académicos de distintas sensibilidades: Josep Oliu (Banco Sabadell), Jordi Gual (La Caixa), José Manuel Lara (Planeta), Ferran Rodés (Havas), Àngel Simon (Agbar) e intelectuales y académicos como Antón Costas, Josep Ramoneda o Alfredo Pastor.

Artur Mas y Josep Piqué, en el Círculo de Economía
Obviamente, las patronales tienen también mucho que decir. Digamos que actuán más como grupos de presión, ya que un lobby como el Círculo ejerce de nexo, mientras que las organizaciones empresariales al uso no necesitan de intermediarios.
La tónica del silencio y la prudencia entre los empresarios se fue rompiendo poco a poco. Desde el 11 de septiembre hasta el 25 de noviembre, fecha de las elecciones, hubo varios posicionamientos más o menos explícitos.

El mejor ejemplo de ello fue el de la patronal de patronales Cecot que ignoraba cómo posicionarse sobre la independencia y, para salir de dudas, decidió mandar una encuesta a sus 800 empresas asociadas con varias opciones (seguir como ahora, mejorar la financiación de Cataluña, conseguir el pacto fiscal, formar parte de un estado federal o ser un nuevo estado de Europa).
Los resultados fijaron que el 53% de los empresarios prefiere que Cataluña sea un nuevo Estado dentro de Europa y sólo un 2% dijo que quería seguir como ahora. El sondeo también preguntaba sobre el miedo a que el resto de España boicotee los productos catalanes, como ya sucedió con el cava en la Navidad de 2005. Según la encuesta, sólo uno de cada tres reconoció estar preocupado por esta posibilidad.

Existen otras asociaciones empresariales que se han mostrado a favor del Estado propio como FemCat, el Gremi de Derivats del Ciment, los empresarios de la comarca del Anoia o el Cercle Català de Negocis. Otras se mostraron más cautas, como la Pimec, que representa a la pequeña y la mediana empresa, el 90% del total de las compañías catalanas. Su presidente, Josep González, prefirió no mojarse hasta después de las elecciones.

FemCat es un caso especial, puesto que es considerada por los medios como un lobby empresarial de corte soberanista que, además, no se haya representado en el Círculo de Economía antes mencionado. 
Femcat fue fundada en 2005 como un ente dispuesto a “introducir reflexiones” en el ámbito público sobre el futuro de Cataluña y sus gentes. Su búsqueda de influencia queda así muy clara.

Por otra parte, el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, aseguró en el marco de una reunión con la CEOE que estaba en contra de la independencia. El dirigente de la principal patronal catalana se preguntó si este contexto de severa crisis económica es el mejor momento para plantearse cambios institucionales tan importantes”.
Además, también ha habido voces, aunque minoritarias, que se han opuesto frontalmente al Estado propio. El caso más destacado es el de José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta. "Si Cataluña fuera independiente, el Grupo Planeta se tendría que ir a Zaragoza, a Madrid o a Cuenca", dijo el empresario. 

Incidencia pública

Tuvo especial repercusión un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) una especie de think tank de la organización de los empresarios españoles, la CEOE. La cual, por cierto, está dirigida actualmente por un catalán, Joan Rosell.

Joan Rosell, cuando presidía Fomento del Trabajo


El informe presentado era absolutamente demoledor, con respecto a las cifras que aportaba, en cuanto a la viabilidad económica de Cataluña como Estado propio. Buscó tener incidencia de algún modo, en las elecciones, ya que se dio a conocer dos días antes de la cita de los catalanes con las urnas.

Los confidenciales de Internet apuntan a que las principales preocupaciones de aquellos líderes empresariales catalanes como  Lara (Planeta), Oliu (Banco Sabadell), Fainé (La Caixa) o Alemany (Abertis), es decir, quienes tienen gran parte de su negocio fuera de Cataluña, son fundamentalmente tres. 1) Temor a un boicot a lo catalán, 2) La salida de Cataluña del euro y la fuga de multinacionales y 3) Pérdida de la competitividad de las empresas catalanas.
Con este informe, pretendían “asustar” al presidente de la Generalitat si insistía en su apuesta soberanista. A la vista está que Mas todavía no se ha tomado sus advertencias en serio o que no teme este tipo de presiones.

Durante la precampaña, una campaña que se atrevió hasta jugar con elementos visuales fue la que lanzó la Asociación Movimiento por Cataluña y España. Bajo el eslogan “Fem pinya” (“Hagamos piña”), ciertos empresarios manifestaban su apuesta por la unión de Cataluña a España, con el objetivo de apelar "a la cordura y a la reflexión ante la ola independentista"

Resultados

En esta especie de juego de influencia de cara a la opinión pública, entre los lobbys y grupos de presión más próximos a una u otra postura, parecen haber calado más las tesis soberanistas que defienden la sostenibilidad del nuevo Estado catalán. Una encuesta de La Vanguardia desvelaba que la mayoría de los catalanes veían lógico que los empresarios expresaran sus dudas en público (ante la independencia). Sin embargo, a la vez, consideraban que esta sería “viable” económicamente, tal y como defienden los organismos empresariales más nacionalistas.

Por lo tanto, se concluye de todo esto que los grupos de presión soberanistas han hecho mejor su trabajo, para influir tanto a los políticos como a la sociedad catalana. La postura empresarial que aboga por la permanencia dentro de España debe seguir trabajando si quiere que sus argumentos, de índole económica, tengan incidencia dentro de la propia Cataluña (en el resto de España sí que tienen más arraigo).





miércoles, 19 de diciembre de 2012

Adiós al Canon Digital

Por Santos Gutiérrez

En España, tras el RD 1/1996, de 12 de abril, se introdujo el pago de una tasa aplicada a diversos medios de grabación –como CDs, discos duros, memorias, etc.– destinada a indemnizar a los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada de gestión de derechos de autor, como compensación por las supuestas copias que se podrían hacer de sus trabajos en el ámbito privado.
Esta medida, conocida como el ‘canon digital’ y polémica desde su origen, se endureció en diciembre de 2007, cuando una orden ministerial extendió su aplicación a otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir música –como grabadoras de CD y DVD, MP3, teléfonos móviles, etc.–. Esto se produjo gracias a un nuevo acuerdo entre el Gobierno y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (encabezada por la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE). La situación provocó una fuerte crítica de la opinión pública, puesto que la mayoría de los soportes gravados eran utilizados con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada.
Los jueces no lo veían claro. Ante denuncias formuladas por la Asociación de Internautas, la Justicia marcó posición. En octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó la medida de “indiscriminada” y “contraria” a la Directiva su aplicación en aparatos y soportes “no” utilizados por “usuarios privados” y “manifiestamente” reservados a “usos distintos de la copia privada”. Por su parte, la Audiencia Nacional, en marzo de 2011, consideró que la aplicación del canon digital “afectada de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho”.
No obstante, la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró que: “Esta orden (ministerial) había que modificarla en cualquier caso, con lo cual no altera los planes del ministerio y del sector”.
En tal sentido, un grupo de ciudadanos organizados a través de la plataforma todoscontraelcanon.es, entre otras, emprendieron una campaña para convencer a diputados y partidos políticos para que votaran una enmienda que obligara a eliminar el canon digital.
Mientras las entidades de gestión de derechos de autor continuaban con su presión al Gobierno para extender la aplicación del canon a otros formatos, y los tribunales cuestionaban su aplicación pero no el sistema, los ciudadanos se movilizaron para defender sus intereses.
El objetivo era presionar directamente a los responsables políticos para: en primer lugar, forzarlos a eliminar la tasa aplicada sobre dispositivos de reproducción y, en segundo término, desmontar el sistema de gravamen del que se beneficiaban exclusivamente las entidades de gestión. Para ello, iniciaron acciones orientadas a ser difundidas en los medios de comunicación, redes sociales e Internet consistentes en:
1) La recolección de firmas a través de la web: www.todoscontraelcanon.com
2) Manifestaciones públicas [http://youtu.be/V_K97ctte00, http://youtu.be/F5tMqf_kgbc]
3) Búsqueda de apoyo de representantes dentro del propio sector, y el cual tuvo un destacado altavoz en el discurso de los premios Goya 2011
4) Minar el apoyo electoral de los partidos políticos que apoyaban la medida 

En julio de 2011, la campaña logró su primera victoria cuando el Congreso aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a la supresión del canon y a su sustitución por otra fórmula de compensación. Con la llegada al poder del Gobierno de Rajoy, en diciembre de 2011, el Ejecutivo suprimió definitivamente la aplicación del canon digital, con la promesa de mantener la compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Un asunto que, aparentemente, quedó zanjado a principios de diciembre de 2012, cuando el Ejecutivo aprobó el Real Decreto que regula los detalles del nuevo sistema del pago a los autores en sustitución al polémico canon digital. De esta manera las entidades recibirán la cantidad de 5 millones de euros por este concepto en 2012.
Pero la medida no ha satisfecho del todo a los propios ciudadanos, y mucho menos a las gestoras, quienes han visto desvanecer de un plumazo el 95% de los 115 millones que recaudaron en 2011. Estas últimas, han anunciado acciones para lograr la restitución del canon en sus antiguas condiciones.