Adiós al Canon Digital

Por Santos Gutiérrez

En España, tras el RD 1/1996, de 12 de abril, se introdujo el pago de una tasa aplicada a diversos medios de grabación –como CDs, discos duros, memorias, etc.– destinada a indemnizar a los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada de gestión de derechos de autor, como compensación por las supuestas copias que se podrían hacer de sus trabajos en el ámbito privado.

Esta medida, conocida como el ‘canon digital’ y polémica desde su origen, se endureció en diciembre de 2007, cuando una orden ministerial extendió su aplicación a otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir música –como grabadoras de CD y DVD, MP3, teléfonos móviles, etc.–. Esto se produjo gracias a un nuevo acuerdo entre el Gobierno y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (encabezada por la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE). La situación provocó una fuerte crítica de la opinión pública, puesto que la mayoría de los soportes gravados eran utilizados con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada.

Los jueces no lo veían claro. Ante denuncias formuladas por la Asociación de Internautas, la Justicia marcó posición. En octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó la medida de “indiscriminada” y “contraria” a la Directiva su aplicación en aparatos y soportes “no” utilizados por “usuarios privados” y “manifiestamente” reservados a “usos distintos de la copia privada”. Por su parte, la Audiencia Nacional, en marzo de 2011, consideró que la aplicación del canon digital “afectada de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho”.

No obstante, la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró que: “Esta orden (ministerial) había que modificarla en cualquier caso, con lo cual no altera los planes del ministerio y del sector”.

En tal sentido, un grupo de ciudadanos organizados a través de la plataforma todoscontraelcanon.es, entre otras, emprendieron una campaña para convencer a diputados y partidos políticos para que votaran una enmienda que obligara a eliminar el canon digital.

Mientras las entidades de gestión de derechos de autor continuaban con su presión al Gobierno para extender la aplicación del canon a otros formatos, y los tribunales cuestionaban su aplicación pero no el sistema, los ciudadanos se movilizaron para defender sus intereses.

El objetivo era presionar directamente a los responsables políticos para: en primer lugar, forzarlos a eliminar la tasa aplicada sobre dispositivos de reproducción y, en segundo término, desmontar el sistema de gravamen del que se beneficiaban exclusivamente las entidades de gestión. Para ello, iniciaron acciones orientadas a ser difundidas en los medios de comunicación, redes sociales e Internet consistentes en:

1) La recolección de firmas a través de la web: www.todoscontraelcanon.com
2) Manifestaciones públicas [http://youtu.be/V_K97ctte00, http://youtu.be/F5tMqf_kgbc]
3) Búsqueda de apoyo de representantes dentro del propio sector, y el cual tuvo un destacado altavoz en el discurso de los premios Goya 2011
4) Minar el apoyo electoral de los partidos políticos que apoyaban la medida 

En julio de 2011, la campaña logró su primera victoria cuando el Congreso aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a la supresión del canon y a su sustitución por otra fórmula de compensación. Con la llegada al poder del Gobierno de Rajoy, en diciembre de 2011, el Ejecutivo suprimió definitivamente la aplicación del canon digital, con la promesa de mantener la compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Un asunto que, aparentemente, quedó zanjado a principios de diciembre de 2012, cuando el Ejecutivo aprobó el Real Decreto que regula los detalles del nuevo sistema del pago a los autores en sustitución al polémico canon digital. De esta manera las entidades recibirán la cantidad de 5 millones de euros por este concepto en 2012.

Pero la medida no ha satisfecho del todo a los propios ciudadanos, y mucho menos a las gestoras, quienes han visto desvanecer de un plumazo el 95% de los 115 millones que recaudaron en 2011. Estas últimas, han anunciado acciones para lograr la restitución del canon en sus antiguas condiciones.