lunes, 9 de febrero de 2015
Amores que matan: lobby de la industria tabacalera para influir en la Directiva 2040/40/UE
Publicación realizada por: Beatriz Alberto, Eduardo Ascanio, Amanda de la
Santísima Trinidad, Laura Paladines y Almudena Pitarque
Amores que matan: lobby de la industria tabacalera para influir en la Directiva
2040/40/UE
En el
año 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
firmó un acuerdo marco para el control del tabaco que derivó en el libro verde "Hacia
una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la Unión Europea”
aprobado por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2007 en Estrasburgo.
El
documento instó a la Comisión Europea a modificar la Directiva
2001/37/CE sobre productos del tabaco que incluyera entre otras cosas la
prohibición inmediata de todos los aditivos que fomentan la adicción y el
etiquetado completo de todos los aditivos del tabaco en los paquetes.
La
Comisión Europea tomó la iniciativa y en diciembre de 2012 aprobó una propuesta
legislativa que reservaba hasta 60% de la cajetilla de cigarros para incluir
imágenes disuasorias. La norma también prohibía cualquier olor o sabor que
escondiera el olor a nicotina. El comisario de salud Tonio Borg aseguró
entonces que el endurecimiento de la lucha contra el tabaco pretendía aliviar
las alarmantes cifras asociadas a su consumo.
La
opinión pública estaba a favor de esta regulación. El estudio “Special
Eurobarometer 385-Attitudes of European towards Tobacco” publicado en mayo
de 2012 reflejaba que la gran mayoría de los ciudadanos de la UE estaba de
acuerdo con las medidas propuestas.
En
primera instancia, los representantes de la industria tabacalera trataron de
influir en la redacción de la norma pero luego se concentraron en los
parlamentarios que debían refrendarla. Los lobbystas
incluso se acercaron al predecesor de Borg (Sr. John Dalli) y provocaron su
dimisión acusándolo de un intento de extorsión.
La
intención de los lobbystas era lograr
que la propuesta de la Comisión Europea fuese modificada por el Parlamento. El
análisis de perspectivas revela que a corto/mediano plazo seguirán las
discusiones entre la UE y la industria tabacalera aunque a largo plazo es
probable que ésta última conserve sus privilegios.
Las
tabacaleras pagan miles de millones de euros a la Comisión Europea y a las
capitales nacionales para que puedan combatir mejor el contrabando. En
agradecimiento, el fisco renuncia a adoptar medidas contra las empresas
tabacaleras si se llega a probar que estas son culpables de fraude fiscal. Las
empresas de tabaco son como los casinos: se mueven en una situación win-win.
Actores
Representantes de los
intereses de consorcios y de pequeños y medianos proveedores de la industria
tabacalera.
Comisiones de control
presupuestario, de salud y de lucha contra el fraude en la UE (dentro de la
Comisión Europea).
Consejos de ministros de
los Estados miembros.
Eurodiputados a favor de
la labor del grupo de presión.
Eurodiputados críticos a
la labor del grupo de presión.
Defensores de los
derechos de los consumidores y de la salud (grupos de presión en contra de los lobbystas de la industria tabacalera).
Alianzas
En
toda estrategia de lobbying, las
relaciones con los diferentes actores o grupos de interés son fundamentales. El
liderazgo es compartido y esto se traduce en una tendencia clara a buscar la
colaboración entre diferentes sectores que parecen no estar vinculados.
Entre
la industria tabacalera, la Comisión Europea y los Estados miembros existen,
desde antes del inicio formal de la estrategia, alianzas tácitas, pactos
confidenciales, una historia previa de relaciones. Por lo tanto, no se comenzó
desde cero.
Ya en
plena fase de aprobación o rechazo de la normativa, se establecieron alianzas entre
el grupo de presión y los diputados que podían aprobar la causa de su labor
para que ejerzan presión dentro del parlamento o la Comisión Europea. Además
existieron alianzas con subdirecciones clave de la comisión como la de salud,
la de control presupuestario y la de lucha contra el fraude, dirigiéndose a
cada una de ellas con argumentos específicos.
Fines y objetivos
En
este caso, el fin de los lobbystas
era evitar que las normativas europeas perjudiquen los intereses económicos de
la industria tabacalera convirtiendo a fumadores en no fumadores o persuadiendo
a posibles fumadores de no hacerlo.
El
objetivo a corto plazo era controlar e influir en la nueva directiva prevista
para la fabricación de productos de tabaco que busca restar todo el atractivo
al producto. La industria tabacalera quiere impedir o suavizar puntos de la
directiva que hagan menos atractivo el hecho de fumar. El objetivo a medio y
largo plazo era mantener y fortalecer las relaciones con los distintos actores
de la UE.
Enfoque estratégico
Al ser
la industria tabacalera un sector industrial y comercial donde se mueve mucho
dinero y en el que pequeñas modificaciones legislativas pueden suponer una
diferencia de grandes cifras de dinero, el grupo de presión (representantes de
esta industria) ha buscado, además de defender su interés particular – ganar
dinero haciendo que la gente fume – comunicar estratégicamente que se preocupan
por el bien común. Es así que los enfoques utilizados tienen que ver con
asuntos de interés general y se ha empleado una estrategia de lobby directo, porque busca influir
directamente en quienes toman las decisiones acerca de esta materia.
En esa
línea, el framing más importante que
se ha usado, sobre todo con los eurodiputados, es la defensa del derecho a
decidir. Esto aprovechando la coyuntura existente de que la UE quiere aumentar
drásticamente la protección de los no fumadores aprobando normativas que hagan
menos atractivo el fumar. Los lobbystas
ejercen presión con el argumento de que todos los ciudadanos europeos tienen
derecho a decidir que hacen o no con su cuerpo, y que no deben haber
regulaciones que limiten esta libertad de decisión.
Otro
de los enfoque clave, más dirigido a los políticos de cada uno de los Estados
miembros, consiste en resaltar los beneficios económicos que reporta para cada
uno de los países el negocio de la industria tabacalera. De endurecerse las
leyes que regulan el sector, se reducirían los puestos de trabajo que la
industria genera. Además, los países dejarían de percibir los impuestos que el
negocio legal representa y aumentaría el contrabando (negocio ilegal del
tabaco), sector que lógicamente no paga impuestos.
Mensajes
"El descenso en
ventas de tabaco supone menos ingresos fiscales para el país".
"Menos ventas de cajetillas
legales supone, además del aumento del contrabando, una subida de impuestos a
los contribuyentes. Impuestos que ahora la industria tabacalera paga".
"Hay cientos de
miles de puestos de trabajo en juego".
"Solo en Alemania
hay más de 100.000 familias que dependen de la industria tabacalera".
Acciones
Reunión previa entre los
principales representantes y lobbystas
de la industria tabacalera. El objetivo de la reunión es que todos se
comprometan a una misión: evitar la aprobación de la Directiva propuesta. El
encuentro también servirá para repasar los compromisos establecidos hasta
ahora, confidenciales y públicos, entre la Comisión Europea, los Estados
miembros y el consorcio de las tabacaleras, además de establecer los timings y una elaborar un listado con
las parlamentarios favorables-críticos-en contra de un posible pacto de
actuación.
Acciones de lobby directo sobre los parlamentarios
considerados como críticos de la propuesta de Directiva, en concreto: envío de
regalos intimidantes e irónicos (como por ejemplo una botella de vino en la que
se leía "drinking can cause cancer”
o un calendario de adviento con chocolatinas y la frase "demasiado chocolate engorda")
además de visitas inesperadas a la oficina de los jefes de grupos
parlamentarios y empresarios.
Aprovechar el evento
Feria Intertabac en Alemania para lanzar mensajes sobre dirigidos a politicos y
públicos nacionales acerca de los empleos que se pueden perder de aprobarse la
Directiva y sobre los impuestos que actualmente el tabaco paga.
Mantener una conversación
de bajo perfil con los principales medios de comunicación europeos para dar a
conocer la posición de la industria tabacalera sobre la norma propuesta.
Seguimiento de la
comparecencia publica sobre el proyecto de ley de la fabricación del tabaco del
25 de febrero de 2013 y monitorización en adelante de posteriores
comparecencias, acciones y avances legislativos.
Análisis de buenas y malas prácticas
Una vez expuesto
el caso, y dada la extensa experiencia de la industria tabacalera haciendo lobbying, se pueden observar varios
aspectos positivos en el plan. En primer lugar, se convierte la defensa de un
interés particular en un interés general, de la defensa de los intereses
económicos de la industria tabacalera al derecho a decidir por nosotros mismos
sin tutelas. Además, se distingue claramente entre fin y objetivos, ya que la
lucha se gana en pequeñas batallas.
Para continuar,
se observa un profundo conocimiento de los distintos actores que entran en
juego, lo cual se puede comprobar con la lista que se elabora con los diputados
críticos con el tabaco. Y también se dirigen a cada uno de ellos según en qué
momento del proceso formal se encuentren, conociendo y aprovechando los plazos.
La industria
tabacalera no crea una nueva realidad sino que moldea la realidad existente
resaltando los argumentos a su favor, mediante el uso de datos concretos y hablando
de personas para hacer más visible aquello que está en juego. Detrás de todo
esto se observa una gran investigación y monitorización legislativa. Hay una
gran planificación
También destaca
el uso de la ironía para dirigirse a los diputados críticos con el tabaco. Al
tratarse de personas con una opinión formada, se decide dirigirse a ellos no
desde un enfoque racional sino desde un enfoque emocional usando la ironía para
poner en valor el derecho a decidir más allá de los riesgos que eso implique.
Además, cabe
destacar que la industria tabacalera contaba con un aspecto a su favor antes de
comenzar a luchar por este objetivo concreto que es el hecho de haber mantenido
a lo largo del tiempo un relación estable con los distintos actores de la UE en
Bruselas. Mediante el mantenimiento de estás relaciones más allá de un objetivo
puntual se consigue que llegado el momento partan de una situación mucho más
favorable de lo que sería de otra manera.
Hay que apuntar
también como aspecto negativo de este caso la poca transparencia con la que se
lleva a cabo. No solo se percibe el lobbying
de por sí como algo poco transparente, sino que esto es más acentuado en el
caso de la industria tabacalera. Esta falta de transparencia queda en evidencia
con el hecho de pagar a las instituciones europeas para ayudar a luchar contra
el fraude fiscal, lo cual da lugar a pensar que estas se van a ver
comprometidas a la hora de tomar una decisión. Esto puede dar lugar a que las
decisiones que tome la UE al respecto sean vistas de manera negativa por la
opinión pública.
Además, si llega
un momento en el que la industria tabacalera deja de pagar esa ayuda para
luchar contra el fraude fiscal, y los actores no estaban realmente persuadidos,
la situación se puede volver en contra de las empresas en cuestión.
Resultados del caso
El lobby de la industria dio resultados a
medias. El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2014 la Directiva
2040/40/UE con disposiciones menos estrictas de lo previsto:
A partir de 2017, las cajetillas de cigarrillos y los
paquetes de tabaco de liar y de tabaco de pipa de agua llevarán imágenes
impactantes impresas en el 65% de sus caras anterior y posterior.
Los cigarrillos aromatizados estarán prohibidos a partir
de 2020.
Se prohíben los embalajes de tabaco engañosos o que
minimicen el riesgo que entraña su contenido.
Los cigarrillos electrónicos se venderán de acuerdo a las
nuevas regulaciones establecidas y se introducirá un nuevo sistema para frenar
el contrabando de tabaco.
Tras la aprobación de la
Directiva 2040/40/UE, los
representantes de la industria tabacalera manifestaron su disconformidad con este último punto al considerar que obliga a los fabricantes de
cigarrillos electrónicos a acatar las estrictas leyes del sector farmacéutico o
a someterse a la legislación que limita la venta y publicidad de los productos
del tabaco.
PACO CASAS/ALEJANDRO PERAL -- Uber y el lobby de los taxistas en España
Introducción
Uber es una aplicación móvil que pone en contacto usuarios y coches con conductor. La aplicación Uber conecta al viajero con el conductor privado -registrado y aprobado por Uber- más cercano, gracias al sistema de geolocalización de nuestros móviles. La tarifa se fija en el momento de la petición, sin recargos, pero en función del tráfico que haya. El 20% se lo queda Uber, que envía al viajero el nombre y la foto del conductor antes de llegar. Asimismo, las transacciones se realizan todas a través de la app, con la tarjeta de crédito. Desde que se creó en 2009 la sociedad estadounidense Uber, que tiene entre sus inversores a Google, no ha parado de crecer hasta el punto de encontrarse en más de cien ciudades. Sin embargo, su legalidad está poniéndose en duda en diversos países.
Contexto de Uber en Europa
Fue Bélgica el primer país en declararle la guerra a Uber. Un tribunal de Bruselas prohibió que esta aplicación opere en la capital de Bélgica, primer lugar donde se instauró el servicio. El veto judicial viene precedido por el lobby ejercido por los taxistas de Bruselas. La decisión judicial, encuentra críticas al proteccionismo, como las de la responsable comunitaria de Agenda Digital, Neelie Kroes. Es un tema evidentemente controvertido por los tintes ideológicos que genera una regulación sectorial de este calibre —tanto por exceso como por defecto—.
La historia de Uber se ha repetido en distintas ciudades europeas, como Londres, Berlín, Frankfurt y París. En España, la llegada de Uber se produjo en primer lugar en Barcelona y posteriormente en Madrid y Valencia. La app tuvo un notable éxito en las distintas ciudades de Europa. Es por ello que los taxistas de las mencionadas ciudades armaron en cólera y comenzaron a ejercer actividades de presión y protesta al ver amenazados sus privilegios y derechos. Es por ello que el sector del taxi en bloque en España planteó resistencia por estar muy aturdido por la crisis.
¿Qué supone la aparición de Uber y qué privilegios amenaza? En el caso español, la cuestión de las licencias se antoja clave para la competencia entre ambas posiciones. La sobreprotección del sector del taxi reside en la necesidad de las licencias para operar. Estas licencias tienen un precio que varía según la ciudad en la que se adquiere y son objetivamente desorbitados —en Madrid, el coste de una licencia no baja de 150.000€—. Sin embargo, conviene recordar que los precios no los pone la Administración, sino que se rigen por un argumento tan básico como es la oferta y la demanda privada: la licencia se la lleva el que más paga. El beneficio de estas licencias no es otro que el de limitar la entrada en el sector de nuevos competidores, en un claro ejemplo de proteccionismo en un sector. Uber quiere competir en un sector que, a su juicio, debería estar más liberalizado de lo que está.
Lobbying
Objetivos
- Proteccionismo para el sector del taxi.
- Ilegalización de Uber y otras aplicaciones similares.
Estrategias
- Unión del sector
- Presión al legislador (lobby directo)
Acciones
Las actuaciones del gremio del taxi en España fueron inmediatas al conocer el desarrollo de la aplicación en otros países del entorno europeo. De hecho, una de las claves del éxito del lobby que impulsó el taxi fue esta actuación temprana una vez habían visto las consecuencias que supuso en países vecinos. Un ejemplo es que, incluso antes de llegar la aplicación a Madrid, los taxistas en bloque se manifestaron en la capital a pesar de que el servicio solo estaba disponible en Barcelona. Nada más conocer que Uber iniciaría su actividad en España, el 8 de abril el Sindicato del Taxi de Cataluña contactó con Alicia Rubio, Secretaria General de la inspección de transportes terrestres del Ministerio de Fomento.
Uber, en comunicado oficial reconoció el 20 de abril la elección de Barcelona por los siguientes motivos: «Hemos escogido Barcelona por una razón. Desde la era modernista, pasando por las olimpiadas en 1992 y el Mobile World Congress, la mente abierta de la ciudad y su tan característico espíritu independiente han permitido siempre a la ciudad reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Desde el inicio de nuestra fase de implementación en Barcelona hace ya dos semanas nos hemos sentido abrumados por la cálida bienvenida que hemos recibido. Los Barceloneses están, desde hace ya tiempo, realmente animados por la posibilidad de construir comunidades alrededor del transporte colaborativo».
En Barcelona el movimiento de protesta y reacción tuvo éxito. El lobby directo se ejerció a través de la Taula tècnica del taxi (TTT), con el argumentario de los taxistas en Bruselas, que en abril se reúne con el Director General de Transports, Pere Padrosa, con el Subdirector, Josep M. Fortuny y con el Gerente del Institut Metropolità del Taxi, Eduard Ràmia. Esta reunión provocó la actuación inmediata del Govern. El primer paso del Ejecutivo catalán fue abrir un expediente a Uber para investigar sus supuestas actividades irregulares, además de amenazar con multas de hasta 6.000 euros que incluirían el precinto del vehículo, solicitadas por el Sindicato del Taxi de Cataluña. Además, obliga a retirar el patrocinio de Uber del programa jobfluent de la Universidad de Barcelona.
La justificación que el sector del taxi aportó fue, al igual que sus colegas de Bruselas, la ilegalidad con las obligaciones y requerimientos de los taxistas (autorización, carnet específico y licencias) en relación con el afán de lucro de los conductores de Uber, que competían con ellos de forma desleal. Asimismo, otra línea marcada del mensaje del gremio de los taxistas fue el “fraude” que puede suponer Uber por ser un servicio libre de impuestos, esto es, economía sumergida. Por último, los taxistas esgrimen los posibles problemas que puede suponer al ciudadano el subir al coche de una persona no identificada como taxista, cuestiones como seguros, etc.
El Gobierno catalán consideró que Uber debía estar sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, pues su actividad es la de transporte de personas por cuenta ajena mediante un precio o retribución. La norma establece que, en el caso de vehículos de hasta nueve plazas, este permiso solo puede ser de dos tipos: taxis o alquiler de vehículos con conductor. En el primer caso, el permiso lo entrega un Ayuntamiento o el Área Metropolitana de Barcelona. En el segundo, por la Dirección General de Transportes y Movilidad.
Tras esta decisión del Govern, se convocó además una multitudinaria protesta para inmovilizar los vehículos de Uber, así como para suspender su actividad en nuestro país. La huelga de taxis coincidió con una promoción del 50% de descuento de la compañía americana en sus tarifas para ese día lo que provocó un récord de descargas. En Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi, también tomó la calle y redactó la demanda completa contra Uber además de solicitar al juez como medida cautelar la suspensión de Uber en territorio nacional.
Por su parte, la Asociación Madrileña del Taxi (AMT) también reaccionó de la misma forma con respecto a los poderes públicos y el 29 de abril se reúnen con el Ayuntamiento. Apoyándose en el artículo 22.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes terrestres, que dispone lo siguiente, la AMT redactó los términos de la demanda que daría lugar a la suspensión cautelar de Uber: «Como regla general, los servicios de transporte terrestre de viajeros podrán ser contratados y facturados por todos aquellos que sean titulares de una licencia o autorización de transporte público que habilite para la realización de esta clase de transporte». Además, según el primer punto del artículo 101 de la ley, «en ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas».
Resultados
El resultado de estos ejercicios de presión son los siguientes:
- El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ordena mediante auto el 10 de diciembre el cese cautelar de Uber en España.
- El juez consideró que la compañía estaba provocando un “daño inmediato” al sector del taxi, que sufría “competencia desleal” por parte de la aplicación por lo que ordena la medida cautelar.
- Es un primer paso pero no definitivo para el sector del taxi ya que habrá que estudiar en la demanda de la AMT si Uber incurre o no en competencia desleal.
Cronología
8 de abril el Sindicato del Taxi de Cataluña contactó con Alicia Rubio, Secretaria General de la inspección de transportes terrestres del Ministerio de Fomento.
11 de abril. Uber llega a Barcelona.
15 de abril. Bélgica es el primer país en prohibir la aplicación. El veto judicial viene precedido por importantes críticas del colectivo de taxis de Bruselas. El Sindicato del Taxi de Cataluña solicitar una reunión urgente con los responsables del transporte catalanes.
24 de abril. Reuniones de la TTT con responsables del transporte del Govern de Catalunya.
29 de abril. Reuniones de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT) con el Ayuntamiento.
8 de mayo. Los taxistas de Londres piden la ilegalización de Uber y la mayor agrupación de taxis anuncia una concentración de vehículos para principios de junio.
10 de junio. La Generalitat de Catalunya pide el cese inmediato de la actividad de Uber. Un tribunal anunció multas de hasta 6.000 euros a los conductores que continúen utilizando la 'app', así como el precinto de sus coches.
11 de junio. Huelga de taxis en Madrid y Barcelona -donde se registraron dos heridos por el paro- en protesta de la aplicación. Las dos asociaciones mayoritarias cifraron en un 100% el seguimiento del paro de 24 horas. La huelga de taxistas dispara las descargas de la 'app' de Uber. En medio de la huelga y justo cuando la mayoría de usuarios se quejaban en las redes sociales de la falta de taxis, la aplicación anunció en Barcelona una promoción del 50% de descuento en todos los trayectos.
1 de julio. Nueva huelga de taxis en Madrid y Barcelona en contra de Uber.
3 de julio. Uber es finalmente declarado legal en Londres. En el caso de las protestas londinenses, los taxistas no demandaban su prohibición, sino su regulación.
14 de agosto. Berlín prohíbe el uso de Uber. El gobierno berlinés argumentó que Uber contraviene la seguridad de los pasajeros mediante el uso de “conductores no verificados en vehículos sin licencia, ya que los pasajeros no están asegurados en caso de resultar heridos en un accidente”.
2 de septiembre. La prohibición de Uber se extiende a toda Alemania.
16 de septiembre. La prohibición de Uber en Alemania apenas dura un mes. El 16 de septiembre de 2014 un juez alemán autoriza el uso de Uber.
23 de septiembre. Uber se instaura en Madrid.
29 de octubre. Uber llega a su tercer destino en España: la ciudad de Valencia. El crecimiento en el país es más rápido que en el resto de Europa.
9 de diciembre. Un juez ordena el cese de la actividad de Uber en toda España de forma cautelar. No cabe recurso y el juez ha acordado estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi y planteadas de forma previa a la futura demanda que interpondrá esa organización contra la empresa Uber.
Conclusiones y reflexión personal
1. La actuación de lobby directo es buena. Desde un primer momento el gremio del taxi actuó en bloque buscando la influencia directa en los decisores para salvaguardar sus intereses. El primer paso, la suspensión cautelar de la actividad de Uber, es un éxito para los taxistas.
2. No obstante, es muy posible que la cuestión Uber no acabe aquí. Como hemos visto, el conflicto generado en torno a la aplicación ha supuesto una impagable publicidad de la misma. Uber presenta dudas en cuanto a su legalidad: para operar en España necesitará una licencia VTC.
3. Uber sigue esgrimiendo que su servicio es economía colaborativa, fuera de los fines comerciales, con el único ánimo de que los pasajeros “ayuden” a pagar los gastos del vehículo. Según Uber, un conductor no puede tener un sueldo: si detectan que un usuario está haciendo un uso demasiado elevado de la aplicación (esto es, si la está usando demasiadas horas), se le avisará para que deje de hacerlo.
4. El argumentario de los taxistas, aunque comprensible, es criticable:
- “No tienen licencias”. Las licencias no se otorgan fácilmente y se hace de forma opaca.
- “Economía sumergida”. La app factura electrónicamente por lo que el control de ingresos es total.
- “Poca seguiridad”. Son los mismos viajeros los que están satisfechos.
5. Lo que parece claro es que con todas estas actuaciones no se ha tenido en cuenta la opinión del cliente, que en última instancia es quien decidirá si Uber o no triunfa en España y Europa.
Por: Paco Casas y Alejandro Peral
sábado, 7 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)