AENA, el operador aeropuertario español, vivió una grave crisis en diciembre de 2010 cuando, tras el abandono de puestos de trabajo por parte de los controladores se cerró el espacio aéreo y todos los vuelos fueron cancelados.
El 51% de las acciones de AENA son propiedad de Enaire, una empresa pública adscrita al ministerio de Fomento de España. Hacia ya un año -diciembre de 2009- desde que la directora de navegación aérea anunciaba un cambio en el convenio colectivo que firmaron AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en marzo de 1999. Este cambio suponía una nueva organización del trabajo y el abaratamiento de los costes de los controladores ya que el gestor aeropuertario tenía una deuda bastante sustancial y el tránsito de viajeros estaba descendiendo.
En enero de 2010 USCA y AENA se reunían para negociar los cambios que se pretendían llevar a cabo en un segundo convenio colectivo. Sin embargo, cuando el convenio se cerró, ambas organizaciones se acusaron mutuamente de no haber llegado a ningún acuerdo. Aún siendo esto así, tanto el anuncio que la directora de navegación aérea había hecho como una propuesta en la que el control y la gestión del tráfico aéreo pasaba de manos de los controladores a manos de AENA se aprobaban como leyes. Tras conocer los hechos, la USCA anunciaba que buscaría acciones legales para eliminar la primera ley - nueva organización del trabajo y abaratamiento de los costes- y que no convocaría ninguna huelga. Unos días más tarde, la Audiencia Nacional desestimaba la demanda y algunos trabajadores se ausentaban en el trabajo. La USCA niega que el absentismo fuese una medida de presión como aseguraba AENA y explica que se trata de bajas certificadas por los médicos de la seguridad social. Ese mismo mes, las compañías aéreas acusaban a los controladores por generar retrasos y cancelaciones de vuelos. Con el objetivo de cubrir las bajas, el gobierno pide a los controladores militares que ocupen los puestos de los controladores civiles mientras fiscalía investiga el absentismo. Pocos días más tarde el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley que dejaba la posibilidad a controladores privados ajenos a AENA de controlar el tránsito aéreo. USCA y AENA llegan a un acuerdo por el que los controladores aceptan las condiciones laborales establecidas por el ministerio a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo. AENA, sin embargo, no cumple lo pactado y entre el 80 y el 90% de los controladores civiles de AENA abandona sus puestos de trabajo el día 3 de diciembre y AENA anuncia el cierre del espacio aéreo.
Aunque la historia de los controladores era una bastante diferente a esta, no consiguió ni la cobertura ni el impacto que obtuvo la comunicación del gobierno. El anterior resumen de la noticia que ocupó las páginas de los diarios más importantes a nivel nacional provocó la furia de la opinión pública sobre los controladores aéreos. Sin embargo, no fue lo suficientemente persuasiva para conseguir que la USCA cediera al nuevo convenio colectivo que proponía el gobierno. Al final de varios meses de tensión entre la empresa y los trabajadores el ex ministro Manuel Pimentel tuvo que ejercer de árbitro emitiendo un laudo que reducía mínimamente el salario laboral de los controladores aéreos y aumentaba un poco las horas de jornada laboral con el objetivo de equiparar “productividad, salario y jornada” como se hace en el resto de países europeos.
El Salvador es uno de los pocos países cuya
constitución reconoce que la vida comienza desde el momento de la concepción y que en su código penal castiga a las mujeres que practican el aborto. Es una nación conservadora, que ha ido en contra de las últimas
corrientes ideológicas. Bajo este contexto, el lobby abortista de El Salvador,
ha tenido que luchar por hacerse oír y formar parte de la agenda política del
país. En el 2013, salió a la luz un caso con el que se pretendió legalizar el
aborto terapéutico.
Este caso involucraba a una madre de 22 años que
padecía de lupus y tras ser ingresada en un hospital público por malestares
asociados a su enfermedad, se detectó que estaba embarazada de un bebé que
venía con anencefalia. La situación era delicada, ya que por la condición de lupus
su embarazo era riesgoso y además el bebe tenía una malformación por lo que
podía nacer muerto o morir a las pocas horas.
El lobby abortista aprovechó este escenario para
interceder por la madre llamada Beatriz y presentar el caso a la Corte Suprema
de Justicia para que posteriormente se diera a conocer a la Sala Constitucional,
y practicarle un aborto terapéutico a Beatriz.
Objetivos de la campaña:
Despenalizar
el aborto terapéutico y eugenésico
Conseguir
entrar en la agenda política
Conseguir
espacio en los medios de comunicación
Influir
en la opinión pública
Conseguir
que El Salvador esté bajo la mira internacional para presionar en la
despenalización del aborto
Actores
Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto (ACDA)
Amnistía
Internacional
Partido
FMLN
Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Ipas
Centroamérica
Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional
Naciones
Unidas
Diputados
PSOE
Católicas
por el Derecho a Decidir
Women´s
Link Worldwide
Center
for Reproductive Rights
Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Organización
de los Estados Americanos (OEA)
Acciones
Organización
de manifestaciones a favor de los derechos de Beatriz
Recolección
de firmas online y físicas
Debates
en medio nacionales e internacionales
Publicación
de columnas y artículos en medios nacionales
Petición
de ayuda a organizaciones internacionales
Denuncias
al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
Creación
del slogan “Beatriz puedes ser tú”
Debates
en Redes Sociales: Twitter y Facebook
Resultado
A pesar de los esfuerzos del lobby abortista, no se
consiguió despenalizar el aborto, a Beatriz le practicaron una cesárea y su
bebé murió a las pocas horas de haber nacido. El Salvador optó por cuidar la
vida de ambos. Sin embargo, después de este caso el país no quedó igual. La campaña
logró varios de sus objetivos ya que consiguió ser un caso muy mediático al ser
portada en los principales medios nacionales: El Diario de Hoy y La Prensa
Gráfica y al tener presencia en medios internacionales como El País, CNN, BBC
Mundo, Huffington Post, Al Jazeera entre otros.
También, logró ejercer influencia en la opinión
pública, pues muchas mujeres se movieron y protestaron frente a la Sala
Constitucional, para abogar por el derecho a abortar de Beatriz. Por último,
otro de los grandes avances fue poner el tema del aborto terapéutico en la
agenda política del país, por presión de organizaciones internacionales, ya que
antes del caso de Beatriz, apenas se hablaba de despenalización. Actualmente,
el lobby pro-aborto, sigue en la lucha de abogar por el derecho de la mujer a interrumpir
su embarazo, mientras aumenta su número de simpatizantes en la nación.
La Encuesta Nacional de Consumo Alimentario realizada en Chile por su Ministerio de Salud, reflejó que un 95 % de los chilenos no lleva una dieta saludable. Esto genera un costo altísimo en la salud de la población, lo que, según el propio Ministerio, se traduce en la muerte de una persona obesa cada hora, o en que más del 50 % de los niños del país presenta algún tipo de sobrepeso.
Esta ley tiene por objetivos: definir límites que determinen el alto contenido de energía, grasa saturada, azúcares y sodio en los alimentos; incluir obligatoriamente en el etiquetado el mensaje frontal “alto en” que indica cuáles alimentos superan los límites establecidos, de manera visible y de fácil comprensión, a través de un octágono negro con letras blancas; La restricción a la publicidad dirigida a menores de 14 años de los alimentos “alto en”; y la restricción de venta y publicidad en los establecimientos educacionales de los alimentos “alto en”.
Pero durante el camino que debió recorrer esta ley para su puesta en marcha, existieron múltiples presiones de entidades relacionadas con el empresariado dedicado al sector alimenticio para trabar y cambiar esta normativa, todo, para que no le afectase a su sector productivo.
Es así como organismos como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), -que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno-; compañías vinculadas al rubro de la “comida chatarra” o entidades como las que agrupa la asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), han sido constantes fuentes de presión para alterar y encausar a sus beneficios esta ley previa a su aprobación, y posterior a ella, para dinamitar su reputación e impulsar así cambios en su contenido.
Actores principales:
· Guido Girardi: Senador del Partido Por la Democracia y principal impulsor de esta iniciativa.
Acciones realizadas por grupos de lobby y sus mensajes
Como se mencionó anteriormente, esta ley tuvo muchos años de discusión en las que operaron muchas presiones sobre los parlamentarios para que esta ley no viese la luz. Esto fue denunciado por el senador Guido Girardi (PPD), impulsor de esta normativa, y quien señaló que existió un "lobby brutal de las empresas por nuevo etiquetado en alimentos”, el que entre otras cosas, eliminó del proyecto un “semáforo” que indicaba la peligrosidad de los contenidos nutricionales de los alimentos, y que fue reemplazado por discos de advertencia, todo, por presiones de las empresas alimenticias.
Otro de los hechos que marcaron esta tramitación, fue la presión que ejerció el rubro de la alimentación dedicada a la comida rápida, que permitió por ejemplo, que estas puedan seguir manipulando el consumo de sus productos a través de la publicidad, ya que lograron que esta iniciativa apuntara solo a alimentos envasados. Según la antropóloga y encargada de nutrición de la fundación Educación Popular en Salud (EPES), Susana Jiles, “El 75 por ciento de los alimentos altos en calorías, grasas y azúcares es comida chatarra y está destinada a los niños. Entonces el lobby que hizo McDonald’s, por ejemplo, fue lograr que no se rotulara la ‘Cajita feliz’ porque es un producto que se prepara en el mismo lugar que se va a consumir”, señaló.
Por su parte, la Sofofa, una de las principales agrupaciones del empresariado chileno, también fue un sector tremendamente relevante en la dificultosa puesta en marcha de esta Ley. En diversos momentos de la discusión de la ley envió mensajes directos a mermar el éxito de la iniciativa.
En abril del 2011, a sólo un par de días de que el Senado votara para despachar la ley, la industria alimentaria desplegó una potente ofensiva comunicacionala cargo de su presidente Andrés Concha. En ella, tal directivo sostuvo que, de aprobarse la nueva norma, estarían en riesgo incluso campañas solidarias como la que realiza la Teletón. “La aprobación de esta Ley significará que habrá menos publicidad y menos actividades promocionadas por las industrias de alimento tales como, la Copa Milo en el deporte escolar, las tallarinatas de Carozzi en maratones, los aportes a la Teletón, etc, ya que nunca se sabrá si el producto será o no consumido por un menor de 14 años. Además, será muy difícil para un emprendedor entrante dar a conocer sus productos con estas limitaciones. La ley reducirá la competencia y la innovación”, sostuvo.
Posteriormente en 2012 señaló que “la ley de etiquetado es mala y sólo contribuirá a asustar a la gente”. Y en el 2014, cuando la ley ya estaba aprobada y se estudiaba el contenido del reglamento que la haría operar, se publicó en el diario La Tercera una entrevista a dos páginas a Marisol Figueroa, Gerenta Técnica de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (ABChile), perteneciente a la Sofofa, quien señalaba entre otras cosas que "No hay que demonizar los alimentos, hay que enseñar a comerlos". Todo esto, un día antes que se le entregaran al empresariado las restricciones que se pretendían adoptar por parte del Ministerio de Salud.
Resultado:
Todas estas presiones tuvieron varios efectos en la ley y en su reglamento, los que comenzaron a regir en el 2016 en Chile. Muchos de los conocedores de la ley reconocen que esta se “suavizó” tras la intervención de las grandes compañías. Ejemplos como la aplicación de una gradualidad de tres años en el cumplimiento de los rotulados en los alimentos, la modificación lograda por la industria de la comida chatarra para continuar vendiendo son problemas sus productos, o la eliminación del “semáforo de advertencia”, que llamaba mucho más la atención del consumidor, son solo algunos de los efectos que tuvo el lobby empresarial en el contenido final de la ley.
Pero...la presión continua
Pero aunque se podría haber pensado que ya entrada en vigencia la Ley, las presiones e intervenciones concluirían, esto no fue así.
Y ha sido nuevamente la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile quien ha liderado una ofensiva contra esta ley de etiquetado, creando en diciembre de 2016 la campaña “hagámoslo bien”, en la que a través del sitio www.hagamoslobien.clcuestiona algunos de los conceptos que esta Ley establece.
Una estrategia novedosa con respecto a todo lo realizado anteriormente, fue que para lanzar este sitio web, realizaron un spot en el que reclutaron a diversas figuras del ámbito televisivo y deportivo, para que fuesen “embajadores” de esta iniciativa.
Esta campaña ha vuelto a poner durante las últimas semanas a esta Ley de Etiquetados en entredicho, cuestionando su validez y haciendo que la ciudadanía siga cuestionando los reales efectos que esta medida tiene en el consumo de los alimentos
La prohibición de las corridas de toros en Bogotá duró cinco años. En 2012 el alcalde de ese momento decidió prohibir el uso de la Plaza de Toros la Santamaría para espectáculos taurinos pero en 2016 la Corte Constitucional consideró que el burgomaestre se habría extralimitado en sus funciones al tomar esa decisión.
Así las cosas en 2017 volvieron las corridas de toros a la capital colombiana, eso sí, con una gran movilización por parte de activistas anti taurinos. El pasado fin de semana se realizó la primera corrida después de que se levantará la prohibición impuesta en 2012. Las manifestaciones en contra tuvieron gran cobertura mediática y los comentarios por parte de líderes políticos y legisladores no se hicieron esperar. El mismo ministro del interior informó a la opinión pública que radicaría un proyecto de ley nacional para regular este tipo de eventos.
La primera vez que se la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema fue en 2010. En ese entonces, por medio de un fallo, catalogó a las corridas de toros como una manifestación cultural que era protegida por la constitución. Además, el fallo también indicó que dichas manifestaciones deberían ser reguladas por la el Congreso de la República.
Desde entonces, los grupos de presión que se oponen a los actos taurinos en los que se maltratan animales, han promovido que se legisle en contra de estos actos en todo el país. Los grupos animalistas lograron poner el debate sobre la mesa y han obtenido el respaldo de varios líderes políticos, congresistas y algunos magistrados que apoyan su causa. La prohibición de las corridas en la Santamaría fue la primera victoria para este grupo.
Los objetivos que persigue el lobby anti taurino son claros: conseguir, por medio de una ley, se prohíban los eventos taurinos en todo el territorio nacional.
Las asociaciones animalistas y activistas ecologistas están agrupadas en Colombia en la Movimiento Anti taurino y Ecologista de Colombia - M.A.C. y el Colectivo Colombia Sin Toreo. Además existe presencia de organizaciones animalistas internacionales como Animanaturalis. Desde estas organizaciones se han liderado iniciativas que buscan promover el debate sobre las corridas de toros y llamar la atención de los principales actores políticos en el país para que se inicie el trámite de una ley que prohíba este tipo de actos en Colombia. Por otro lado se encuentran los defensores de la fiesta brava que según ellos es una manifestación cultural y tradicional y la constitución contempla la protección de estos actos.
Finalmente están los legisladores y magistrados de las altas cortes que son quienes en últimas tendrán que tomar la decisión final sobre el futuro de este tipo de eventos en Colombia.
Por medio de manifestaciones en vía pública, firma de peticiones, lobby ante congresista y partidos políticos, presión ante el gobierno nacional y gran cantidad de demandas de inconstitucionalidad, los activistas han conseguido poner el debate en la agenda pública. Por medio de su gestión también han logrado introducir el tema en la agenda de varios líderes político que han trabajado para promover su posición ante la el poder legislativo.
El lobby anti taurino ha enviado un mensaje claro a la opinión pública: es necesario replantear las expresiones culturales y prohibir las prácticas que promueven la violencia. La constitución promueve y protege la vida y el maltrato animal va en contra de sus fundamentos básicos.
A la luz de un proyecto de ley que regulará los eventos taurinos, se prevé mayor acción por parte de las asociaciones animalistas para que la actividad no solamente se regule sino que quede abolida definitivamente en el país.
De no lograrse la prohibición absoluta por medio de un proyecto de ley, los anti taurinos paralelamente han promovido desde hace meses una consulta sobre el futuro de las corridas en Bogotá y todo el país. Para esto, las organizaciones anti taurinas, han solicitado al Concejo de Bogotá y al Congreso de la Republica que estudie la posibilidad de convocar a una consulta popular en la que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre el tema y decidir si está de acuerdo o no con que siga habiendo corridas de toros.
Viendo en retrospectiva la labor como grupo de presión que han realizado las asociaciones animalistas y anti taurinas desde los años noventa en Colombia, se puede decir que han logrado avanzar en el debate que se planteaba inicialmente sobre este tema. Primero, pusieron a una gran parte de la población y varios líderes políticos y magistrados de su lado. Segundo, han logrado la atención mediática y todas sus acciones son ampliamente difundidas. Tercero, su presión sobre el gobierno nacional llevó a que este anunciara la radicación de un proyecto de ley que regulará la tauromaquia en Colombia. Es evidente que las acciones concretas de estos grupos de presión han permitido avanzar en el debate y que cada vez estén más cerca de conseguir su objetivo final, la abolición de los eventos taurinos en Colombia.
OBJETIVO: Luchar
contra la Trade Union Bill promovida por el gobierno británico.
ACTORES: Gobierno
británico, Trade Union Congress, Members of House of Commons and House of Lords.
Protect the Right
to Strike es una campaña de lobby diseñada y ejecutada por el Trade Union Congress
(TUC), la coordinadora de sindicatos británicos.
El origen de la
campaña se encuentra en la Trade Union Bill del gobierno británico. Esta
propuesta de ley introducía una serie de aspectos que en la práctica, en
opinión del TUC, socavaban el derecho de huelga de los trabajadores y
obstaculizaban en gran medida el trabajo de los sindicatos.
Los principales
puntos de controversia eran los siguientes:
Con la nueva
ley, las empresas podrían contratar a trabajadores de agencias de colocación
para reemplazar a los empleados que fueran a la huelga. En Reino Unido esto está
prohibido desde 1973.
Los sindicatos
tendrían que avisar a sus empleadores de su intención de ir a la huelga con 14
días de antelación, en lugar de los 7 actuales. También tendrían que informar
dos semanas antes de cualquier acción de presión o protesta, incluidos los
planes, la calendarización, los escenarios, el número de participantes e
incluso los medios a través de los que se ejecutaría la acción: carteles,
mensajes, redes sociales… Todo ello bajo pena de multa.
Los sindicatos
estarían obligados a nombrar un supervisor en cada piquete de huelga. Dicho
supervisor debería estar identificado con una chapa o un brazalete visible, y tendría
que portar una autorización que debería enseñar a la policía o cualquiera que
solicitara verla. El incumplimiento de estos requisitos podría causar el
requerimiento de un juez para finalizar el piquete y grandes multas para los
sindicatos.
En los
sectores considerados por el gobierno como “servicios públicos importantes” (incendios,
salud, educación, transporte, seguridad en las fronteras y desmantelamiento
nuclear), se establecería un doble umbral como requisito para convocar una
huelga: sería necesario organizar una votación en la que participaran al menos
el 50% de los afiliados sindicales, y habría que conseguir que al menos un 40%
del total de afiliados votara a favor.
El
Certification Officer (organismo que supervisa a los sindicatos) tendría
potestad para investigar a los sindicatos y acceder a sus listas de miembros,
incluso cuando nadie se hubiera quejado sobre la actividad de ninguno de ellos.
Este organismo podría sancionar a los sindicatos con multas de hasta 20.000
libras, y además los costes de su funcionamiento deberían ser asumidos por los
propios sindicatos.
Los empleados
públicos tendrían que publicar el tiempo laboral que empleaban en sus tareas de
delegado sindical, así como un desglose de cuánto tiempo se dedicaba a cada
tipo de actividad. Tampoco se permitiría que los empleados públicos pudieran
abonar su cuota al sindicato descontándola directamente de la paga salarial.
Además, el gobierno podría poner límites al tiempo que los empleadores públicos
ofrecían a los delegados sindicales para representar a los trabajadores.
Se obligaría a
los sindicatos a que votaran cada 5 años (en lugar de los 10 actuales) la
necesidad de reservar fondos para fines políticos, ya fuera para apoyo directo
a partidos como para campañas de contenido político al margen de cualquier
partido. Además, los sindicatos deberían informar sobre todo gasto con fines
políticos que superara las 2.000 libras.
El TUC se oponía
a todas y cada una de estas medidas, al entender que dejaban a los trabajadores
sin poder real a la hora de negociar mejoras con los empresarios, y que incrementaban
injustamente la carga burocrática para los sindicatos. Si las empresas podían
contratar agencias de colocación para que reemplazaran a los trabajadores en
huelga, contando además con dos semanas para preparar este reemplazo, el
equilibrio de poder entre empleador y empleado –necesario para alcanzar acuerdos
justos– se rompería irremediablemente.
En el siguiente
vídeo, Frances O’Grady, Secretaria General del TUC, explica los motivos que
llevan a los sindicatos a oponerse a la Trade Union Bill del gobierno:
ACCIONES
Para luchar
contra la Trade Union Bill, el TUC lanzó una campaña de lobby masivo que se
desarrolló a través de varias acciones:
15 de
septiembre de 2015: una acción masiva de lobby online el día de la primera
votación de la ley en la House of Commons.
4 de octubre
de 2015: mítin y manifestación “En contra de la Austeridad y por los Derechos
de los Trabajadores”, en Manchester, aprovechando la celebración en la localidad
del Congreso del Partido Conservador.
2 de noviembre
de 2015: mítin y lobby parlamentario masivo “Protect the Right to Strike”. El
mítin tuvo lugar en el Central Hall de Westminster, con la intervención de
varios oradores; y las acciones de lobby masivo se desarrollaron en la House of
Commons, donde se animaba a todo el que quisiera ejercer de activista a registrarse
para contactar en persona a su MP (Member of Parliament) y convencerlo sobre
los perjuicios de la Trade Union Bill.
8-14 de
febrero de 2016: “Heart Unions Week of Action”, una semana de iniciativas en
las que los afiliados a los distintos sindicatos compartieron en actos, eventos
y en redes sociales los motivos que les hacían estar orgullosos de su trabajo sindical.
Toda la actividad se centralizó a través del hashtag #HeartUnions
Iniciativas de
acción directa: el TUC animaba a los afiliados de los distintos sindicatos a
que desarrollaran cualquiera de las siguientes actividades de presión:
Escribir a los MPs.
Escribir a los medios
locales.
Iniciar una recogida de
firmas (petition) que se enviara después a los MPs.
Organizar carpas o eventos
para concienciar sobre la Trade Union Bill.
Convencer a los
ayuntamientos de que se opusieran a la Trade Union Bill y que después
escribieran para presionar a sus MPs particulares.
Hacer campaña online a través
del hashtag #tubill.
El siguiente vídeo
muestra ejemplos de las acciones que se llevaron a cabo en la campaña:
RESULTADOS
Los resultados de
la campaña fueron muy positivos:
El Gobierno abandonó
el requerimiento de avisar con 14 días de antelación a los empleadores sobre la
fecha y los métodos de las acciones de protesta. Tampoco se permitió que las
empresas contrataran a trabajadores de agencias de colocación para reemplazar a
huelguistas.
Se evitó que
todo el que participara en un piquete tuviera que mostrar su identificación a
la policía o a cualquier persona que exigiera verla; aunque siguió siendo
necesario que los sindicatos nombraran a un supervisor o responsable por cada
piquete.
Se redujo el
doble umbral de votación necesario para convocar una huelga en los sectores
considerados “servicios sociales importantes”.
El Gobierno
permitió que se siguiera pagando la cuota de afiliación sindical descontándola
directamente de la paga salarial.
Se ofrecieron
garantías en contra de la politización del Certification Officer (organismo
regulador de los sindicatos) y se redujeron los costes de este organismo para
los sindicatos.
El Gobierno
moderó sus intentos de evitar que los sindicatos destinaran fondos a fines
políticos. Los cambios no aplicarían a miembros actuales y el coste y esfuerzo
de nuevos requerimientos se redujo en gran medida.
El Gobierno
accedió a revisar la posibilidad de que los sindicatos pudieran usar métodos de
votación online para las convocatorias de huelga.
El Gobierno
ofreció garantías para considerar la posibilidad de limitar el tiempo dedicado
al trabajo sindical. Sería necesario al menos 3 años de negociación con
empleadores para llevarlo a cabo.
En esta campaña
de lobby identificamos una serie de buenas prácticas: el TUC ofreció un portal
web central para consultar todo lo referente a la Trade Union Bill y las
acciones promovidas, e hizo un uso unificado de los hashtag (#tubill, #heartunions).
También se publicó una guía de activistas en la que cada acción sugerida se apoyaba con links donde los afiliados podían iniciar
acciones o encontrar material gráfico para apoyar sus protestas.
