MONCLOA vs USUARIOS (o cómo hacer que un Gobierno se desdiga en 24 horas)

I. ¿POR QUÉ?

Este caso de lobby se enmarca en la estrategia planteada por el Gobierno de España para luchar contra la piratería (en este caso, digital ;-). Los opositores a la LES (Ley de Economía Sostenible) orquestan de manera espontánea una campaña feroz, no sólo en la Red, para exigir la modificación del anteproyecto. A día de hoy, la “crisis legislativa” sigue sin estar resuelta, pero este es un claro ejemplo de cómo un colectivo bien organizado -en este caso, los internautas- puede obligar al presidente de un Gobierno a contradecir las palabras de una de sus ministras en un periodo de 24 horas.

II. CRONOLOGÍA:

27 de noviembre: este viernes el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES).

30 de noviembre: la noche del lunes, el Gobierno envía un PDF a los medios con todas aquellas medidas que no fueron mencionadas durante la presentación.

1 de diciembre: la mañana del martes se hace público el borrador completo que, en su disposición final primera, atiende a la protección de la propiedad intelectual. Ésta incluye “la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor”. Quedan, a partir de este momento, confrontados los intereses de La Coalición (de Creadores e Industrias de Contenidos -SGAE, PROMUSICAE, EGEDA, etc-), quien presiona al Ejecutivo con una campaña en defensa de los derechos de autor, y el colectivo de usuarios (Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Internet, etc), que reivindican la libertad como derecho fundamental del usuario.

2 de diciembre: En cuestión de 24 horas, estalla la polémica con una protesta masiva en la Red, pertinentemente cubierta por los ‘medios tradicionales’, ante la posibilidad de que una Comisión administrativa (y no judicial) pueda decidir el cierre de aquellas páginas Web que vulneren la propiedad intelectual. Al parecer, el anteproyecto obligará a las operadoras de telefonía a entregar a este organismo la identificación de las conexiones (con estos datos podrán cortarles la conexión o, SITEL mediante, saber todo lo que el usuario ha descargado durante un año y plantearle una demanda de responsabilidad civil).

3 de diciembre: los contrarios a esta propuesta legislativa elaboran un Manifiesto. Decenas de miles de internautas, a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y blogs personales), secundan este rechazo y el Gobierno se ve obligado a convocar de inmediato una reunión entre el Ministerio de Cultura, con Ángeles González-Sinde a la cabeza, y catorce personas de referencia nacional en la Red. El encuentro, que se prolonga dos horas, se retransmite en directo a través de Twitter y se clausura sin alcanzar ningún acuerdo. La ministra se justifica: “Al borrador le aguardan todavía las matizaciones que acarree el trámite parlamentario y el reglamento de desarrollo”.

Son convocadas, de forma paralela, hasta ocho concentraciones en Madrid y una decena en diferentes capitales de provincia, para esa misma tarde, para protestar contra el borrador.

El colectivo que rechaza la “ley antidescargas” recibe el apoyo del partido de la oposición, el Partido Popular, porque este anteproyecto supone “restaurar la censura”. González Pons esgrime que "se está produciendo una revolución contra el Gobierno y esa revolución hay que escucharla como si estuviera sucediendo en la calle".

Por su parte, el titular de Justicia, Francisco Camaño, contradice a su compañera y asegura que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un "control y autorización judicial”.

Por la noche, Zapatero relaja la tensión acumulada en las últimas horas y pone fin a la controversia: “Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web", dice el Presidente abriendo la puerta a una posible revisión del texto.

III. ANÁLISIS:

• El objetivo de los ‘opositores’ es la modificación de un anteproyecto que, en su opinión, vulnera los derechos del usuario de Internet.
• La estrategia, en este caso, es hacer ruido y conseguir un número de adeptos suficiente para cambiar la postura del Gobierno. Para ello, inician una campaña de ‘lobby de base’, dirigiéndose a sus públicos con un manifiesto (‘position paper’ sencillo y claro) en Facebook (hoy suma más de 184.000 amigos). De esta forma, consiguen el impacto deseado de los medios de comunicación que, con su cobertura, presionan al Gobierno para tomar cartas en el asunto. Y, de forma natural, lo que empieza siendo una campaña ‘de base’ evoluciona a una de ‘lobby directo o de altura’ al conseguir una reunión con la titular de Cultura. Y, sin descuidar a sus miembros, se preocupan por compartir simultáneamente los contenidos abordados en la reunión.
• A pesar de ser un colectivo tan amplio, saber representarlo con 14 nombres llegados de diferentes puntos de la Red (control de líderes)

1. Julio Alonso (Weblogs),
2. Jesús Encinar (Idealista.com),
3. Rosalía Lloret (responsable de RTVE.es)
4. Gumersindo Lafuente (ex director de Soitu)
5. Virginia Pérez (directora de 20minutos)
6. Fernando Berlín (Radiocable)
7. Mario Tascón (lainformación.com)
8. Álvaro Ibáñez (Microsiervos)
9. Javier Sanz (ADSLzone)
10. David Martínez (Orange)
11. Juan Manuel Zafra (Lavinia)
12. José Cervera (blogguer)
13. Enrique Dans (Blogger)
14. Ignacio Escolar (Blogger y columnista)

• El mensaje es claro y sencillo: una disposición de la LES vulnera los derechos fundamentales del usuario.
• El timing es quizá el factor menos controlado pero lo cierto es que, en 24 horas, los internautas consiguen una declaración de la máxima autoridad del Gobierno con visos de negociación.
• Y lo cierto es que, a día de hoy, no se puede hablar de resultado, puesto que se trata de una crisis todavía sin resolver. El presidente reivindica la propiedad intelectual pero se muestra dispuesto a modificar la propuesta de ley.