La paella, mejor al sol y con vistas al mar. MªCarmen Andrés

El turismo en la Comunidad Valencia representa el 14% del PIB, un turismo que depende principalmente del sol, la playa, la gastronomía… o mejor, todo junto. Y es que comer una paella o un arroz a banda con vistas al mar tomando el sol es una experiencia que solamente en una terraza de los populares restaurantes de la costa valenciana puede hacerse realidad. 

Fueron precisamente estas terrazas el objeto de la polémica que se desató en 2009, alcanzó su punto álgido en 2010 y finalmente comienza su resolución en 2011 y que tuvo como principales actores al Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de la Comunidad Valenciana y los hosteleros valencianos, principalmente los de las pedanías de Pinedo y el Saler.

Claves:

•  Los restaurantes de la costa marítima de la región de Valencia tienen un régimen de concesión. Por tanto, sus gerentes, aunque herederos de una larga tradición en este sector, no son propietarios de los restaurantes, si no que se dependen de una concesión que el Ministerio puede renovar.  Los restaurantes de Pinedo y el Saler se regulan por una concesión que caduca en 2015, mientras que la del Paseo Martítimo valenciano caducaba en 2007, año en el que se empezaron a realizar las negociaciones. Las autorizaciones de las terrazas se renuevan cada año. 

•  La Ley de costas, actualizada en 1988, en su artículo 66, establece un máximo permitido de 150 metros cuadrados de ocupación por cada establecimiento, incluido interior y exterior. Sin embargo, desde 1999 se estableció un criterio de interpretación de la ley por la que se permitiría la instalación de terrazas de 150 metros, con posibilidad de ampliación y con una ubicación de acuerdo con la Ley de costas. 

         Además, en 1995 se obligó a los restaurantes a realizar una reforma por la que estos salían de las playas y se establecían en los paseos marítimos con unos criterios y parámetros iguales. 

El problema:

Durante las negociaciones de nuevas concesiones iniciadas en 2007, la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, realiza un envío de cartas a los restaurantes a finales de 2009 para anunciarles que en enero las terrazas deberían estar reducidas a 50m2, con penas de multas de hasta 100.000 euros en base a la Ley de Costas, alegando que los restaurantes junto a la playa alteran el litoral.

El gobierno convertía así en prohibición lo que se había estado autorizando desde 1999. Por esta razón, los restaurantes afectados, en Pinedo, el Saler y el Paseo Marítimo de Valencia (Malvarrosa), emprendieron una campaña de lobby grass top para defender su posición: la continuación de la interpretación de la norma por parte del Ministerio, ya que la eliminación de estas terrazas suponía la pérdida del 60% o 70% del negocio. La estrategia era recordar que habían estado trabajando desde 1999 con los parámetros y los metros que había establecido en su día el Gobierno.  

Los hosteleros entonces, a través de las diferentes asociaciones, la Federación de Hostelería de Valencia, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana y la Asociación de Hosteleros del Paseo Marítimo de Pinedo y Saler, deciden realizar esta presión desde 3 puntos distintos. 

En primer lugar con un lobby basado en el grassroot, buscando el respaldo de la sociedad a través de recogidas de firmas y de la organización de eventos, como las paellas gratis un día en la playa, un evento que consiguió reunir a 12.000 personas que dieron su apoyo. En segundo lugar, mediante la introducción en la agenda política de un debate ejerciendo una gran presión mediática, haciéndose eco en todos los medios y realizando constantestes entrevistas por los portavoces de las asociaciones. En tercer lugar a través de la vía judicial, mediante recursos contencioso administrativos y finalmente una demanda en nombre de uno de los restaurantes.

 Además, el PP y el ejecutivo valenciano, desde el inicio de la polémica, salió en defensa de los restaurantes, apoyándoles en todas las acciones que emprendían y ejerciendo una fuerte presión sobre el Gobierno central, de diferente color político. En este aspecto, realizaría una gran ejercicio de lobby de altura reclamando la competencia en la gestión de las concesiones y permisos en los paseos marítimos para la Comunidad Valenciana, tal como ya sucede en Cataluña o en Andalucía y denunciando un trato desigual al resto de lugares costeros gobernados por el PSOE. 

De este modo, hosteleros y Gobierno valenciano se apoyarían mutuamente, consiguiendo ambos un beneficio económico con el mantenimiento de los metros establecidos anteriormente 

Los resultados:

Los resultados en algunos casos y momentos como octubre de 2010, fueron desesperanzadores, al verse obligados algunos restaurantes a derribar parte de sus instalaciones. Sin embargo, en Pinedo y El Saler, los hosteleros decidieron hacer frente a la posibilidad de una multa y no realizaron las reformas trasladando con mayor énfasis su desacuerdo.

Finalmente, y tras ejercer una gran presión sobre el Gobierno, se produjo una modificación del gobierno en Noviembre de 2010, entre la que se encontraba la cartera de Medio Ambiente. Con  la llegada al Ministerio de Rosa Aguilar, la situación se mitigó al estar ésta más predispuesta a llegar a un acuerdo. En noviembre de 2011 se hizo pública la noticia de la no ejecución de la sentencia que obligaba a estos restaurantes a desmontar sus terrazas, de forma que conseguirán de momento sus concesiones que les permiten continuar con el negocio. 


Además, antes de las elecciones del 20N ya empezaba a ser una realidad la transferencia de las competencias requeridas por el gobierno valenciano, aunque es un trámite que por escasez de tiempo quedaba pendiente para el próximo Gobierno del PP.

Conclusiones:

La presión ejercida por parte de los hosteleros y el Gobierno valenciano fue indispensable para lograr hacer llegar a la sociedad valenciana través de los medios y de las acciones públicas la problemática a la que se enfrentaban y presentarla como un problema que afectaría a todos los ciudadanos y al turismo, eje básico de la economía valenciana, y como una medida arbitraria e injusta por parte del Gobierno central.

Se produciría un resorte muy efectivo para hacerse eco de las opiniones sociales y de los hosteleros, lo cual fue decisivo en las consideraciones y las reacciones del Gobierno central. Finalmente la solución ha llegado de la mano de una nueva ministra, pero no se puede olvidar que la presión se había ejercido previamente y que se había conseguido un gran conocimiento y un debate en la región, con una postura mayoritaria favorable, sobre el tema en cuestión.

Sin embargo, creo que se debía haber unificado más el mensaje por parte de los hosteleros, haber explicado mejor los antecedentes de la problemática y haber tenido un único portavoz para que los mensajes no quedaran difusos y aparentemente provenientes de distintos lugares con diferentes intereses concretos.