Y los estudiantes salen a marchar...

Por Juliana Pineda

En marzo de 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el gobierno llevaría a cabo una reforma a la ley 30 de 1992, que hasta entonces regía la educación superior en el país. La reforma contempló varios cambios no solo en la definición de la institución educativa sino también, en la recaudación de los recursos. Lo que al principio pareció ser una de las iniciativas más ambiciosas por parte del gobierno, terminó siendo una movilización grass-top de tal envergadura que no solo logró retirar varios artículos de la propuesta de reforma, sino también, logró movilizar a miles de estudiantes, docentes y rectores, que en conjunto paralizaron más de 32 universidades y llevaron a cabo más de 8 marchas nacionales.

La reforma se basó, sobre todo, en 4 enmiendas que polemizaron el sector académico. En primer lugar, la empresa privada podría invertir en las universidades públicas; esta alianza lograría el recaudo de más dinero y mayor poder adquisitivo para el desarrollo de mejores proyectos en educación. En segundo, habría más dinero para las universidades públicas. El gobierno propuso aumentar recursos para las universidades en 1% adicional en el 2012, un 2% en el 2013 y un 3% entre el 2014 y 2019. También buscaría instituciones con ánimo de lucro, y finalmente, un sistema de vigilancia y evaluación de la calidad educativa en las instituciones, lo que para muchos significó una violación a la autonomía de las universidades.

La polémica

El hecho de que el gobierno armara el proyecto sin haber tenido en cuenta a la comunidad universitaria, ya de por sí puso el proyecto entre la espada y la pared. Luego, los temas respecto a la autonomía universitaria, las instituciones con ánimo de lucro y el nuevo recaudamiento de recursos, lo puso aun más en la mira.

Para la academia, permitir que las instituciones de educación superior fuesen con ánimo de lucro, iba en contra de su razón de ser ya que se trataba de un bien público. Asimismo, el que la ley exigiera la vigilancia constante por parte de la Superintendencia Financiera para garantizar que se cumpliesen los créditos educativos de los estudiantes, y que además, debían cumplir dentro de un plazo de 5 años los requisitos exigidos para ser denominadas como universidades, polemizó radicalmente al sector. Incluso, el nuevo proceso de recaudación de recursos a través de bolsas concursables, abrió el debate público respecto a la educación como un derecho fundamental del ciudadano.

Movimiento grass-top

El fin principal del grupo de presión fue derrotar, en su totalidad, la reforma a la ley 30 de educación superior. A través de debates públicos, foros, anuncios en las redes sociales, y los llamados “abrazatones”, los estudiantes interpelaron al Presidente y a la Ministra a que respondieran sus demandas y derrocaran la reforma. Para ellos era una cuestión de abrir debates “sobre (su) intención de un nuevo modelo de educación”.

El internet y las herramientas de social media sirvieron como ente articulador de movilización, logrando una mayor  organización en las marchas, foros y debates. Pero parte del éxito de este movimiento fue el hecho de que fue, sobre todo, un movimiento de calle, de la gente, y de los estudiantes. Salieron a marchar muchos más estudiantes que personalidades de las instituciones, o sindicatos. Gracias a la brevedad y especificidad del mensaje, lograron no solo centrar el debate público en la marcha estudiantil, sino también, revocar varios de los artículos del proyecto de ley y obligar al gobierno a garantizarles  una nueva propuesta de reforma que tendría en cuenta las necesidades  del sector. 

Asimismo, esta movilización se destacó por la gran innovación en el tipo de actividades que se llevaron a cabo. Un ejemplo evidente fueron los llamados "abrazatones" en donde los estudiantes abrazaban a todos los militares y policías que encerraban la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Una campaña enteramente emocional, de la gente y con un gran elemento de un  movimiento grass - roots pero que logró a través de un lobby de grass top incidir en el desarrollo de una reforma de ley en el Congreso de la República.

Paro nacional universitario

El 12 de octubre, 32 universidades se declararon en paro indefinido sosteniendo el no levantamiento hasta que el proyecto fuese retirado del Congreso y se ofrecieran garantías para la construcción de uno nuevo. El paro se había desarrollado a través de asambleas permanentes, y en general, el cese de actividades académicas y movilizaciones en el orden nacional. Según la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), fueron quince las universidades que alcanzaron a estar en paro durante el tiempo completo de movilización.

Se realizaron ocho marchas nacionales en contra de la reforma, con la primera el 7 de abril hasta la última, el 24 de noviembre. Entre estas se realizaron la Marcha de Antorchas el 3 de noviembre, Toma a Bogotá el 10 de noviembre y la Jornada continental de movilización por la educación del 24 de noviembre.

Los académicos finalmente, construyeron una contrapropuesta al proyecto de ley que enviaron directamente al despacho del Presidente. Durante el 12 y el 13 de octubre se realizaron jornadas de expresión en las que se sentaron los grupos de presión y el gobierno a debatir los cambios que se realizarían en el proyecto de ley que ya se encontraba en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Resultados

El 9 de noviembre, un día antes de que se llevara a cabo la marcha Toma a Bogotá, el presidente Santos anunció que el gobierno estaría dispuesto a retirar el trámite constitucional del proyecto si los estudiantes retornaban a la normalidad académica. No obstante, éstos reiteraron la continuación con el cese de actividades académicas y las actividades de protesta hasta que el gobierno retirara la ponencia del proyecto en el Congreso.

El 11 de noviembre, el presidente accedió finalmente, a una de las exigencias de los estudiantes y radicó en el Congreso la solicitud de retiro de la reforma a la ley de educación superior con once votos a favor, y ninguno en contra. El 16 de noviembre, la comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó la solicitud del ejecutivo y retiró la reforma. Con esto, los estudiantes dieron por terminado el Paro Nacional Universitario que duró un poco más de un mes.

La movilización del sector académico logró retirar de la propuesta de ley el artículo que trataba el ánimo de lucro de las instituciones, y que había provocado tanto rechazo en las universidades. No obstante, para varios líderes del sector, los procesos de privatización aun se veían reflejados en otros artículos de la propuesta en los que se proponían ciertos convenios entre los sectores público y privado.

Asimismo, se amplió el plazo para que las instituciones pudieran cumplir todos los requisitos para seguir siendo denominadas universidades, de cinco a ocho años.

En total se realizaron más de 20 foros de discusión en las regiones, se habilitaron espacios virtuales con más de 140.000 visitas, 1.000 inscripciones y más de 300 propuestas concretas.