El sistema de justicia guatemalteco sigue siendo deficiente,
a pesar de que se vienen haciendo esfuerzos por mejorarlo. El más reciente es
la propuesta de reformas al sector justicia que han promovido los tres poderes
del Estado y que cuentan con la ayuda técnica de una institución que ha sido
exaltada por el apoyo que ha brindado en la lucha contra la corrupción, la
CICIG.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) se creó en 2007 como un órgano de Naciones Unidas y "apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, definidos como grupos que cometen actos ilegales."
Durante sus primeros años, muchos la catalogaron como un
actor que promovía la injerencia extranjera en el país y que no traía
resultados positivos para el país. Eso cambió cuando Iván Velásquez fue nombrado
como Comisionado para la CICIG.
A partir de su llegada al país se inició un trabajo en conjunto con el Ministerio Público (ambos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos) para desmantelar estructuras criminales dentro del Estado guatemalteco. Como consecuencia, hoy el ex presidente y la ex vice mandataria enfrentan un proceso judicial por su participación en actos de corrupción y sobornos.
A partir de su llegada al país se inició un trabajo en conjunto con el Ministerio Público (ambos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos) para desmantelar estructuras criminales dentro del Estado guatemalteco. Como consecuencia, hoy el ex presidente y la ex vice mandataria enfrentan un proceso judicial por su participación en actos de corrupción y sobornos.
Su participación en este hecho histórico le dio credibilidad
a CICIG y el impulso que necesitaba para apoyar su próximo proyecto: la reforma
al sector justicia de Guatemala.
Objetivos
Se creó el
Diálogo Nacional hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala, donde CICIG era
parte de la secretaría técnica. El objetivo del Diálogo era “promover la discusión, aprobación e implementación
de reformas concretas al sistema de justicia que contribuyan a la lucha contra
la impunidad y contra la corrupción, garantizando la independencia judicial y
el fortalecimiento de la institucionalidad.”
También buscaba: el “lanzamiento de la discusión
sobre reforma constitucional en materia de justicia y texto consensuado, el impulso
a la aprobación inmediata de las reformas elaboradas y discutidas y el establecimiento
de mecanismos para desarrollar nuevas reformas que sean estratégicas para la
transformación del sistema de justicia.”
Tiempo
El Diálogo dio inicio en julio del 2016, con participación de diversas
organizaciones y actores indígenas, empresariales, sociales, mujeres,
activistas, entre otros. Se llevaban a cabo sesiones todos los jueves por la
tarde donde se discutían los temas a reformarse, como la elección de jueces y el derecho de antejuicio (inmunidad) que poseen algunos funcionarios. Finalmente concluyó en septiembre del mismo año. En octubre se llevó la propuesta de reforma constitucional en materia de
justicia al Congreso de la República.Dicha propuesta “está basada en los resultados obtenidos a través del proceso desarrollado en los diálogos regionales y en la mesa nacional; recoge elementos de las propuestas escritas recibidas por la Secretaría Técnica, de los antecedentes de la historia constitucional del país y del derecho comparado, considerando además las obligaciones internacionales contenidas en tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.”
Mensajes
Aunque a simple vista el tema de las reformas a la justicia
no parezca tener influencia de CICIG, tanto Iván Velásquez como la Fiscal
General Thelma Aldana, constantemente ejercen presión para que los diputados
aprueben la propuesta. Además, critican a quienes se oponen o retrasan la
entrada en vigencia de las reformas, como se muestra a continuación:
Básicamente, tanto Iván Velásquez como Thelma Aldana lograron posicionar su mensaje en los medios de comunicación y redes sociales como "quien se opone a reformar la justicia, se opone a la lucha contra la corrupción" o tiene intereses ocultos para perpetuar la impunidad.
Recursos
La CICIG tiene un recurso invaluable: el apoyo de Estados Unidos. Esto supone a su vez el apoyo al trabajo del Ministerio Público y de la Fiscal General.
En el 2015, EEUU condicionó la ayuda que le brinda a Guatemala a que se ampliara el mandato de la CICIG. Finalmente, Otto Pérez Molina aceptó la ampliación hasta septiembre de 2017. Hoy el ex mandatario se encuentra enfrentando un proceso judicial producto de las investigaciones de la Comisión.
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| Otto Pérez Molina (derecha) le da la mano a Iván Velásquez tras la ampliación del mandato de Cicig (2015) |
Más recientemente, el ahora ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama envió su último aporte económico a CICIG de $7.5 millones. La administración Trump ha declarado su apoyo a la continuidad de la Comisión (por ahora).
Evaluación y seguimiento
A lo largo del Diálogo se dio seguimiento a los resultados que se obtenían en cada sesión y estos eran colocados en la página web. Luego, también se dio seguimiento a la elaboración de la propuesta y que esta llegara al Congreso. Aunque hoy se encuentra estancada y ha divido a algunos sectores de la población, los actores anteriormente mencionados están velando porque las reformas se lleven a cabo. Para esto es necesario llevar el tema a la agenda pública.
¿Plan B?
Ante el estancamiento en el Congreso de las reformas a la justicia, CICIG y el MP revelaron un escándalo de corrupción que incluía a jueces y a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Blanca Stalling es magistrada de dicho órgano y se le acusa de utilizar sus influencias para que un juez beneficiara a su hijo Otto Molina Stalling, en otro caso de corrupción llamado IGSS-PISA que resultó en la muerte de enfermos renales que se encontraban internos en un hospital público.
¿Servirá esta indignación en los ciudadanos para ejercer presión en el Congreso y se aprueben las reformas?
Ante el estancamiento en el Congreso de las reformas a la justicia, CICIG y el MP revelaron un escándalo de corrupción que incluía a jueces y a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Blanca Stalling es magistrada de dicho órgano y se le acusa de utilizar sus influencias para que un juez beneficiara a su hijo Otto Molina Stalling, en otro caso de corrupción llamado IGSS-PISA que resultó en la muerte de enfermos renales que se encontraban internos en un hospital público.
¿Servirá esta indignación en los ciudadanos para ejercer presión en el Congreso y se aprueben las reformas?
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