martes, 16 de noviembre de 2010

Lobby de los 'antiprivatizaciones' de la salud en El Salvador

por Diana Reyes

Contexto del caso

La problemática en la gestión del Sistema Nacional de Salud salvadoreño ha sido histórica, llegando a sus límites más negativos a partir de la década de los años 80, cuando los sindicatos de trabajadores de salud y médicos criticaban muy fuertemente al Gobierno por asignar prioritariamente del presupuesto general de la nación al Ministerio de Defensa, y afirmar que se descuidaban los rubros sociales, en detrimento de la mayoría de la población salvadoreña. Todo esto se desarrollaba en un contexto de guerra civil que duraría hasta 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.

En El Salvador, el único de los servicios básicos que se ha concesionado a la empresa privada es el de la telefonía, cuando ANTEL (Asociación Nacional de Telefonía) pasa a ser propiedad de la multinacional Telecom. Esto sentó el precedente para que a partir de ese momento, la palabra "modernización del servicio" (como el Gobierno lo había presentado a la población), se convirtiera en sinónimo de "privatización del servicio" y cualquiera que fuere el verbo, la mera intención era inmediatamente censurada por la mayoría de sindicatos nacionales. De hecho, lo sigue siendo.

Impacto en la sociedad salvadoreña

Un dato importante, para enmarcar el contexto del caso, es que los últimos 4 gobiernos del país (un período de 20 años), han sido presididos por el principal partido de derecha (ARENA). El FMLN, principal partido de izquierda y declarado enemigo de la privatización, desde entonces se ha encargado de convocar y apoyar firmemente a estos sindicatos y desde su estructura partidaria ha convocado exitosamente la movilización de personas en apoyo a los líderes de estas causas. Los sindicatos que han promovido esta causa son el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS) y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS).


El 20 de marzo de 1998 se llevó a cabo la manifestación más grande y la primera en la historia del país denominada "Marcha Blanca", que paralizó todo el Sistema de Salud. En la manifestación, participaron médicos de todo el país, principalmente de Santa Ana, Sonsonate y San Miguel, tres de los principales y más poblados departamentos de El Salvador. Con ésta acción, los sindicatos de trabajadores de la salud suscribieron con gobierno en turno, unos acuerdos en el que éste se comprometía a no concesionar los servicios de salud (o "privatizarlos", en palabras de los sindicalistas).

En 1999, el gobierno pretendió concesionar dos hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Hospital Roma y Hospital Amatepec, ambos de la capital) situación que provocó un conflicto en el sector salud con duración de cuatro meses, el cual terminó con la firma de nuevos acuerdos entre el Gobierno y el gremio médico en los cuales el Ejecutivo se comprometía a no privatizar los servicios de salud. Estos acuerdos anotados, al igual que los suscritos en 1998 entre los mismos actores, "No fueron sido honrados por parte del Gobierno, dejando con este incumplimiento un sentimiento de desconfianza insuperable por parte del gremio de médicos hacia el Gobierno", según los dirigentes sindicalistas.

Para el 2006, el entonces Presidente la República, Antonio Saca, venía promoviendo en sus discursos a la población, una propuesta de mejoramiento del Sistema Nacional de Salud que incluiría algunas reformas en los servicios. A partir de este momento, los dirigentes sindicales advirtieron acciones 'hasta las últimas consecuencias' en contra de cualquier intención del Gobierno por privatizar los servicios públicos de salud.

Movilización de masas: puntos fuertes.

Fue mayo de 2007 cuando llevó a cabo la segunda "Marcha Blanca" en la que participaron miles de salvadoreños para protestar por supuestos 'planes del Gobierno del presidente Antonio Saca para privatizar los servicios de salud pública'. La protesta fue convocada por diversas organizaciones sociales y sindicales (Liderados siempre por el STISS y el SIMETRISS) que afirmaban que la situación de la salud de los salvadoreños era crítica e insostenible. Vestidos en su mayoría de blanco, los más de 10,000 salvadoreños recorrieron las principales calles de la capital, hasta concentrarse frente a la llamada "zona de hospitales", donde se pronunciaron para explicar los supuestos planes del presidente.

El 21 de mayo de 2007 se logró la firma de nuevos acuerdos, luego de varias reuniones de la comisión negociadora para normalizar los servicios en las instituciones de salud.

Una emblemática diputada del FMLN, que en ese entonces participaba en la Comisión legislativa de Salud y Medio Ambiente, explicó que el proyecto presidencial, nuevamente "pretendía crear un sistema mixto, donde la empresa privada tuviera presencia" y afirmó que "eso es una privatización disfrazada". Detalló que "se pretendía dejar la atención primaria y secundaria al Ministerio de Sal Pública y la atención de tercer nivel, pasaría a manos privadas, es decir, las enfermedades crónicas".

De manera sistemática y disciplinada, los sindicalistas y dirigentes políticos de la izquierda salvadoreña han mantenido su mensaje y han tenido la capacidad de transmitir esas señales de fuerza y demostrarlas a quienes les interesa convencer. Existe una red de comunicaciones muy efectiva entre los miembros de los sindicatos. Las movilizaciones masivas les otorgan autoridad pues en todas han tenido alto nivel de convocatoria y sus seguidores se han mantenido fieles y listos al llamado a manifestación. Su nivel de organización partidaria les permite esa capacidad no sólo de captar la atención de sus seguidores y de la opinión pública salvadoreña, sino también ganar más adeptos, pues cada marcha que hacen, pareciera aglomerar más gente. Ningún Gobierno ha sido capaz de pasar cambiar el escenario a su favor.

1 comentario:

  1. Stephani Romero.

    Lo que más me ha llamado la atención es la movilización de masas que se produjo. Por este caso, y otros que están aquí colgados, puedo concluir la necesidad que tienen los sistemas políticos de concebir e implementar una estrategia que trascienda los límites de la mecánica electoral. Me parece difícil, conseguir transformar radicalmente el orden social con las solas armas disponibles en la escena electoral. Hay que combinarla con otras iniciativas como las huelgas y movimientos sociales, presión estatal, búsqueda de aliados internacionales, oportunidades en medios de comunicación. La dificultad está en que esto requiere de cuantiosos y diversificados recursos que ninguna fuerza popular tiene a su disposición. Queda mucho trabajo aún por hacer.

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